De Atlacomulco y otros demonios

Este fin de semana se llevó a cabo un encuentro poco usual dentro de la militancia y los dirigentes de Morena en el Estado de México, quienes en un evento de carácter público y político, urgieron coordinar y unificar esfuerzos de todos los grupos al interior del movimiento, e invitaron a todos quienes estuvieron presentes a trabajar bajo un mismo fin en común: ganar las elecciones en 2024.

La Plaza Morelos fue testigo del peso que tiene Morena en este Estado, así como del hartazgo de sus habitantes por un cambio de régimen de gobierno opuesto al actual, porque siendo sinceros, el Estado ha sido un semillero de políticos egresados del Grupo Atlacomulco, que lejos de poder servir a México, se sirvieron de él en el sexenio pasado con la Casa Blanca, con el Pacto por México totalmente desencausado y alejado del pueblo, con la Cruzada contra el hambre que permitió desviar recursos por más de 1,323 millones de pesos para compra de playeras y gorras que se usaron en campañas políticas, y un sinfín de cruentos episodios del priísmo  como el de los 43 en Ayotzinapa, por poner algunos ejemplos.

Sin embargo, para las elecciones de 2024 ninguna de las propuestas deberá caer en la demagogia habitual, ni en la estrategia vencida de hacer falsas promesas frente a situaciones complejas como las que existen en uno de los estados con mayor carencia social, pues el gobierno del priísta Alfredo del Mazo, heredará una de las peores crisis del Estado. Revisemos algunas.

Para 2019 todo el país tuvo uno de las caídas más estrepitosas en cuanto a la economía, a la educación y a la salud se refieren, derivado de la pandemia por COVID-19. En el Estado de México, esto tuvo como consecuencia 24,730 defunciones por el virus, pero esto agudizó aún más a los grupos históricamente vulnerados, quienes a la fecha, aún refieren que no se han repuesto en temas económicos y que además, en el tema educativo, se acrecentó más la brecha de desigualdad en el acceso a este servicio. De acuerdo con los datos del INEGI 2020, el Estado de México le suma 417,603 personas que se autoadscriben como indígenas, 132,710 pertenecen al pueblo mazahua, 106,537 al pueblo otomí y 71,338 al pueblo náhuatl, mismos que han señalado en múltiples ocasiones no contar con un trato digno dentro de los sistemas de salud digna, de educación y de justicia, pero además, 296,264 personas se reconocen como afromexicanas o afrodescendientes, lo que representa el 1.7 % de la población, y el 50.4 % de ellas son mujeres.

Esta falta de política pública para el acceso a instituciones gubernamentales, representará un reto para el gobierno entrante, pues si bien el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha tendido puentes entre el gobierno y las comunidades indígenas del Estado, estas no se han visto hasta ahora reflejadas dentro de las acciones para resarcir la descomunal atención hacia este sector de la población que ha sido vulnerado de manera recurrente, es por ello que, quien se suba a la carrera presidencial, deberá hacer una prospectiva para la atención del rezago educativo, el acceso pronto a los servicios de salud, y la falta de políticas dentro de las instituciones para atender a los pueblos indígenas que se encuentran dentro del Estado de México.