¿Cómo regular las plataformas y redes sociales?

La semana pasada se dieron a conocer unos documentos filtrados del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), tales documentos ponían en evidencia la estrecha relación del DHS y el FBI con diversas plataformas y redes sociales, con actores como Twitter, Facebook, Microsoft, Reddit, Discord, Verizon y hasta Wikipedia, todos ellos se reunieron con estas agencias de seguridad e inteligencia para coordinar acciones dirigidas contra la desinformación y los límites a los discursos en línea.

Algo que llama la atención en este caso es que no se trata de una operación enmarcada única y exclusivamente en las fronteras de Estados Unidos, sino que el efecto de tales operaciones tiene implicaciones alrededor del mundo debido a la amplitud de los servicios y plataformas de estas empresas. Y así ha sido por años, con la salvedad que se creía que las plataformas se “auto-regulaban”, bajo un marco legal también devenido y exportado por Estados Unidos.

Este panorama se vuelve aún más precario si tenemos en consideración dos elementos a futuro:

La guerra Rusia-Ucrania se ha acompañado de una fuerte politización del ciberespacio, internet y sus servicios como plataformas y redes sociales; sin embargo, dicha politización está dada a partir de una supuesta superioridad moral e informativa, cuando en la práctica se traduce en censura selectiva y el preparar el escenario para campañas de desinformación propias (tal como sucede con las NAFO).

En segundo lugar está el desarrollo tecnológico, el cual apunta a una mayor hibridación entre la realidad y los entornos virtuales; en este caso, las plataformas y redes que ofrezcan servicios basados en tecnología de punta tendrán en sus manos la regulación de más que las discusiones públicas.

Debido a estos y otros problemas asociados al gran poder que han amasado las plataformas, redes sociales y otros servicios digitales, es pertinente hacernos una serie de cuestionamientos tales como: ¿Quién debería regular las plataformas y cómo debería ser la regulación? ¿Sobre el funcionamiento y estructura de la plataforma? ¿Sobre el contenido y lo que se publica? ¿Sobre las prácticas de las empresas, su administración y cifras? ¿Cómo lograr un equilibrio entre las capacidades de poder y regulación de las empresas, el gobierno y los intereses extranjeros? ¿Debe cambiar el enfoque regulativo conforme la propia tecnología está cambiando? ¿Cómo incluir al ancho de la población en la regulación de estos grandes poderes?

Pese a que una red social se presenta única y exclusivamente como un negocio privado, esto en la práctica resulta bastante debatible, sobre todo porque en sus plataformas y espacios digitales suceden discusiones y prácticas públicas y relacionadas a lo público, ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional; por tanto, las empresas de plataformas y redes sociales no sólo regulan negocios privados, sino el discurso público, su manifestación y posibilidades.

Usualmente se considera suficiente la auto-regulación de las empresas privadas ejercen en sus plataformas por medio de los términos y condiciones y las normas comunitarias, ya que consideran que con la representatividad de oficinas y moderadores locales es suficiente; sin embargo, ¿De acuerdo a qué intereses y parámetros se establece qué es permitido y qué no? Ya que contrario a lo que podría creerse, la evaluación de la infodemia incluye bastantes elementos subjetivos y de interpretación, tal como la palabra misma; por lo tanto, determinar la veracidad o falsedad de la información puede incluir múltiples interpretaciones, mismas que se deberían de aclarar antes de implementarse soluciones sociales o, peor aún, soluciones técnicas y tecnológicas.

Un caso muy peculiar son las “normas comunitarias” dado que ¿quién realmente ha accedido (y entendido) tales normas cuando abre o usa una red social? Y más allá de estar al tanto de las normas, ¿quién, cómo y por qué se determinan tales normas? Todo parece indicar que estas vienen dictadas a partir de las necesidades y marcos legales estadounidenses.

Y no es sólo la reunión que han mantenido las grandes plataformas y redes sociales con el Departamento de Seguridad Interior, sino que existe una historia de cooperación entre las empresas tecnológicas y las instituciones de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, tal como quedó demostrado con las revelaciones de Edward Snowden en 2013. Sin embargo, en este caso no es sólo la privacidad de datos personales, sino la libertad de expresión misma y la capacidad de dar forma a la opinión y discurso público por medio de restricciones plasmadas en el código.

Y es  que la relación entre las empresas tecnológicas estadounidenses y el gobierno no termina ahí, sino que si contextualizamos un poco más, podremos notar que únicamente se volvió una preocupación las consecuencias sociales de las redes sociales una vez que afectó a la propia sociedad estadounidense, antes de eso no fue un tema prioritario para las empresas de tecnología, aún cuando éstas hayan sido centrales en el caso de episodios violentos como matanzas en India y otras regiones.

Una de las preocupaciones usuales es evitar que los gobiernos regulen las redes sociales y en general las empresas de internet, tal como si la regulación privada fuera la panacea de la defensa de la libertad de expresión;  esta idea tiene hondas raíces en la política exterior estadounidense, así como en la ideología de Silicon Valley; sin embargo, tal creencia conlleva de antemano cierto sentido de superioridad y colonialismo, ya que auto-regulación empresarial o regulación política (de EUA), ¿Quién y cómo se determinó que Estados Unidos y sus empresas tenían la brújula moral y del bien y el mal? ¿En qué momento se erigieron como policías de la libertad y los derechos humanos si en su propio territorio no pueden garantizar tales aspiraciones?

Además, si tomamos en cuenta los efectos y consecuencias de la tecnología y su adopción y uso social, sería importante tener en cuenta que además del gobierno, las empresas de tecnología se deben principalmente a sus inversores y éstos, a su vez, no son los garantes de las voces e intereses públicos, sino que tienen intereses financieros y económicos bastante acotados, entonces ¿cómo se puede esperar que una red social implemente cambios en beneficio de la sociedad si estos cambios pueden dañar los intereses y ganancias de los accionistas?

Lo anterior no es un problema menor, ya que como ha quedado ampliamente demostrado a través de la historia de múltiples casos, la desinformación e infodemia también son un negocio, uno bastante lucrativo, no sólo para las empresas y actores que lucran con la desinformación, sino también para las plataformas y sus modelos de negocio, entonces ¿Debemos confiar que negocios privados regulen sus productos aún en contra de sus modelos de negocio e (inmensas) ganancias?

Sin duda, el desarrollo de tecnologías que exceden las capacidades y características humanas ha sido un shock para múltiples áreas de actividad humana; sin embargo, mientras los esquemas de negocio han acelerado la marcha y logrado integrarse en tal velocidad de desarrollo, la regulación de estos poderes no sólo ha sido lenta y crédula, sino que bastante deficiente.

Uno de los grandes problemas en torno a la regulación es que se piensa (y se dice) que existe una frontera delimitada entre la política y la tecnología, aún cuando ambas están íntimamente integradas, esto evita que se generen debates públicos más profundos que aquellos delimitados por la propia propaganda y mercadotecnia político-tecnológica, en donde Estados Unidos juega un papel medular, ya que su política exterior y tratados internacionales así enmarcan (y protegen) sus intereses, tal como aparece en la sección digital del T-MEC, la cual incluye explícitamente el respeto a la “auto-regulación” de sus empresas tecnológicas, pese a que se sabe que ésta es dictada por sus instituciones de inteligencia y seguridad.

Sin duda, falta un gran camino que recorrer en el debate político de la tecnología, pero mientras estemos enmarcados en discusiones devenidas de la propaganda y mercadotecnia tecnológica, poco o NADA cambiará; por tanto, es necesario dejar de romantizar la tecnología, sobre todo por parte de la clase política nacional.