El Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, reiteró su total disposición al diálogo para tratar de alcanzar un acuerdo tras la resolución de un Tribunal en Materia Civil con sede en la Ciudad de México quien revocó la sentencia del juez que protegió a TV Azteca, para no pagar 400 millones de dólares a los acreedores extranjeros, cuyos intereses suman más de 580 millones de dólares.
A través de un comunicado, este 23 de octubre, el Grupo Salinas expuso que “con relación a la resolución del tribunal en la Ciudad de México, emitida en el marco del proceso de negocios entre TV Azteca y un grupo de tenedores de notas en Estados Unidos, reiteramos nuestra total disposición al diálogo para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes y acorde con la realidad de nuestra industria en México y el mundo”.
En su comunicado el grupo empresarial expresó que de nuevo hace un llamado al grupo de acreedores a retomar el diálogo y evitar prolongar “innecesariamente este proceso”.
Grupo Salinas, también acusó, en su comunicado, que la decisión del Tribunal, “además de ser contraria a derecho, se refiere a una cuestión meramente accesoria, sin incidencia en el núcleo del debate, ni implicación alguna, respecto del fondo del caso”.
En su comunicado la empresa de Salinas Pliego dijo que la decisión del tribunal no altera ni menoscaba la solidez de sus planteamientos principales.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió dejar sin efecto las medidas cautelares dictadas por el Juez Miguel Ángel Robles Villegas quien usó la pandemia como pretexto para autorizar a Salinas Pliego no cumplir su deuda con los acreedores. El fallo establece que las medidas decretadas fueron excesivas e imprecisas, al suspender de manera general los efectos del contrato.
Recordemos que el pasado 22 de octubre, el Tribunal en Materia Civil con sede en la Ciudad de México revocó la protección que un juez de la capital le dio desde 2020 a la empresa de Salinas Pliego con el argumento de la pandemia de COVID.
En dicha resolución de el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió dejar sin efecto las medidas cautelares dictadas por el Juez Miguel Ángel Robles Villegas, quien usó la pandemia como pretexto para autorizar a Salinas Pliego no cumplir su deuda con los acreedores. El fallo establece que las medidas decretadas fueron excesivas e imprecisas, al suspender de manera general los efectos del contrato.

Cabe recordar que este caso se originó a partir de un contrato de emisión de bonos celebrado entre la empresa de Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca, y un banco de Nueva York, por más de 580 millones de dólares. Y es que la televisora emitió 400 millones de dólares en títulos de deuda con el acuerdo de pagar semestralmente intereses a una tasa anual de 8.25%.
Sin embargo, en 2021, TV Azteca dejó de cumplir con el pago. Por lo que, los inversionistas de Estados Unidos, a través de filiales constituidas en las Islas Caimán, adquirieron esos bonos de deuda que ha ido aumentando hasta la fecha.
Posteriormente, la entidad financiera estadounidense emitió un aviso de vencimiento anticipado de la deuda por presunto incumplimiento, por lo que, TV Azteca promovió un juicio ordinario mercantil en el que pidió la nulidad del aviso y la suspensión temporal de sus pagos, con el argumento de que las consecuencias económicas de la pandemia por COVID-19 constituían un “caso fortuito” o “fuerza mayor” que justificaba el incumplimiento de sus obligaciones.

Ante esta situación, y por la falta de pago de TV Azteca, las administradoras de fondos de inversión Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partner presentaron un arbitraje en junio de 2023 contra el Gobierno de México, bajo el marco del T–MEC.
Por lo que ahora los inversionistas estadounidenses piden diálogo directo con el Gobierno de México para llegar a un acuerdo.
Recordemos que, Ricardo Salinas Pliego debe al Servicio de Administración Tributaria más de 74 mil millones de pesos, que continúa litigando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunales Colegiados de Circuito y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el objetivo de alargar el pago el mayor tiempo posible.