El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, reiteró el rechazo del Gobierno de México a la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas, luego de que se otorgara asilo político a Betssy Chávez, exprimera ministra durante la administración de Pedro Castillo. Lo cual aseguró, se realizó en apego “a una larga tradición de asilo, diplomático de asilo político que tiene México, arraigada en nuestra historia y en nuestros principios humanistas y en apego estricto al derecho internacional”.
Durante la Mañanera del Pueblo de este 4 de noviembre, el funcionario detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores transmitió al Gobierno de Perú el otorgamiento de asilo y también se entregó una nota diplomática solicitando que se conceda el salvoconducto correspondiente, a fin de que la exfuncionaria peruana pueda salir de su país con seguridad.
Explicó que el Artículo Cuarto de la Convención de Caracas sobre Asilo Político establece que corresponde al Estado asilante determinar la naturaleza del delito o los motivos de la persecución.
Asimismo, recordó que el Artículo 11 de la Constitución mexicana reconoce el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo, conforme a los tratados internacionales y a la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político vigente.
Señaló que, en términos de esa ley, se hizo una evaluación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación y se decidió otorgar el asilo a la Chávez, “debido a que ella ha mencionado que ha sido víctima de varias violaciones a sus derechos procesales y a una persecución política”.
El subsecretario destacó también una resolución de la Asamblea General de la ONU de 1967, la cual establece que el otorgamiento de asilo político “nunca será considerado un acto inamistoso”. Por lo que, en ese sentido, rechazó la decisión del Gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, aunque precisó que se mantienen los vínculos consulares.
“Estamos actuando de manera pacífica, con sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional”, afirmó.
Finalmente, Velasco reiteró que el Gobierno de México seguirá defendiendo su tradición humanista, actuando conforme al derecho internacional y “la amistad entre los pueblos de México y Perú continúa”.
Por su parte, Raquel Serur, subsecretaria para América Latina y el Caribe, recordó que México ha protegido a miles de personas perseguidas a lo largo de su historia, reafirmando que cualquier persona extranjera cuya vida, integridad o libertad estén en riesgo por sus ideas o actividades políticas puede solicitar asilo político en el país.
Serur destacó que la Constitución, la legislación nacional y el derecho internacional establecen los criterios para su otorgamiento.
Como ejemplos del asilo otorgado por el Gobierno de México en la historia, destacó la realizada por el expresidente Lázaro Cárdenas, quien autorizó la llegada de refugiados españoles que huían de la dictadura de Franco, así como los asilos concedidos durante las dictaduras de Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, y en los conflictos armados de Centroamérica.
También recordó casos emblemáticos como los de José Martí, León Trotski, el Sha de Irán, Rigoberta Menchú y Evo Morales, entre muchos otros. “Son cientos y miles de personas que han solicitado a México y que México generosamente les ha otorgado el asilo”.
Señaló que, para México, el asilo político y el refugio son "figuras humanistas, además de solicitar asilo, político, refugio, es un derecho humano de cualquier persona y su otorgamiento es un derecho de México, como estado soberano que debe ser respetado por otros países”.
Finalmente aseguró que el asilo político es un acto pacífico, que no se puede ser considerado como un acto en inamistoso por ningún Estado, “todo esto lo reconocen tratados e instrumentos del derecho internacional”.
El director general para América del Sur de la SRE, Pablo Monroy Conesa, explicó la postura del Gobierno de México respecto a los casos del expresidente Pedro Castillo y de la ex primera ministra Betssy Chávez, al reiterar que ambos enfrentan procesos judiciales en Perú con irregularidades y motivaciones políticas.
Monroy recordó que Pedro Castillo fue elegido democráticamente en 2021, pero desde antes de asumir la Presidencia fue objeto de una campaña para impedir su llegada al poder. Detalló que durante su administración —que duró un año y cuatro meses—, Castillo enfrentó constantes acosos, intentos de destitución y ataques políticos y racistas.
Respecto al caso de Betssy Chávez, Monroy indicó que su situación “está directamente vinculada” con la del expresidente. Chávez enfrenta cargos por rebelión y conspiración para la rebelión. Además, añadió que la exfuncionaria denunció abusos durante su detención, motivo por el cual un tribunal peruano le concedió la libertad condicional.
“México estudia su solicitud, estudia toda la información que ha recabado y encuentra que existen elementos suficientes para otorgar el asilo, actuando en estricto apego al derecho internacional y nacional”, afirmó. Recordó además que el delito de rebelión es considerado en muchas legislaciones como un delito político, lo que justifica plenamente el asilo.
Monroy Conesa subrayó que México no ha intervenido ni interviene en los asuntos internos del Perú, y que su postura se basa en principios históricos de política exterior y en el respeto a los derechos humanos.
Señaló que la posición de México es de principio y congruente con su sólida historia de política exterior, de asilo y refugio. Además, recordó que, ante las medidas adoptadas por Perú, México no ha respondido de la misma forma.
“México no declaró persona no ingrata al embajador en Perú en 2022, como si lo hiciera Perú con el embajador mexicano en ese tiempo, México no ha declarado persona ingrata a ninguna presidenta o presidente peruano y México mantuvo sus relaciones diplomáticas y consulares con el Perú y esto por el profundo amor y respeto que le tenemos al pueblo peruano, concluyó.