¿La Declaración para el Futuro de Internet o el aseguramiento de la dominación tecnológica Estadounidense-Occidental?

Hace  más de una semana, exactamente el 29 de abril, 60 países firmaron la Declaración para el Futuro de Internet, la cual fue promovida principalmente por Estados Unidos y algunos países europeos. Entre los signatarios encontramos países como Alemania, Francia, Japón y Reino Unido, Ucrania; en América hubieron casos como el de Argentina, Colombia y Uruguay, entre otros, con las notables excepciones de México y Brasil.

Más allá de los motivos que llevaron a México a no ser signatario, es importante señalar la relevancia del documento y su significado sin tantos adjetivos idealizados, los cuales tienen más de veinte años de uso y han acompañado (y legitimado) el discurso de un Ciberespacio y un Internet que ya no son los mismos. En general, esta Declaración se trata de la delimitación y autoafirmación de un bloque y un orden político-tecnológico occidental, el cual en vez de someterse a una revisión política real que incluya a los actores poderosos y con más capacidades, se limita a auto reproducirse y justificarse con promesas de un futuro aún más tecnológico e ideal.

La Declaración para el Futuro de Internet empieza con un llamado a sus socios a que “apoyen activamente un futuro Internet que sea abierto, libre, global, interoperable, fiable y seguro”. En este punto tantos adjetivos generan una serie de preguntas tal como ¿qué se entiende por abierto y quién establece tales parámetros, así como dónde y quiénes lo aplican? Otro aspecto interesante de la apertura de internet es la conveniencia de la posesión de  los datos, muchos de los cuales, basados en esta apertura, tienen como destino final diferentes servidores de empresas y servicios de internet en Estados Unidos o Europa, en donde se resguardarán para participar en múltiples procesos de “big data” y así convertirse en productos, servicios o alimentar otras tecnologías, como en el caso de la Inteligencia Artificial.

Por otro lado, está la cuestión de ¿qué se entiende por libertad y quién establece tales parámetros? Tal como lo ha dejado en claro el movimiento auto regulativo de las redes sociales devenido del triunfo de Trump en 2016 (por el uso de cuentas falsas y diversas estrategias y herramientas infodémicas), después de esto, diversas palabras, hashtag, fotos y productos comenzaron a infringir los “Terminos y Condiciones” de las plataformas. Entonces, ¿Parte de la libertad en internet deviene de unos términos y condiciones de empresas que no son siquiera lo suficientemente transparentes como para notificar los daños que pueden asociarse a sus productos? De esta desconfianza se deviene la cuestión de la fiabilidad, lo cual resulta interesante si consideramos que muchas áreas y personajes asociados o afines a la tecnología son bastante adversas a la regulación nacional y estatal, así como a la presencia del Estado en el Internet y el Ciberespacio; sin embargo, tampoco son transparentes con sus productos, servicios, su funcionamiento y consecuencias.

A continuación, el documento hace una breve explicación de los riesgos que enfrenta el Internet, entre tales riegos la declaración hace gran énfasis en  los gobiernos y Estados autoritarios y el uso de plataformas y herramientas para reprimir la libertad de expresión y otros derechos, los cuales ponen “en riesgo derechos y bienes públicos y privados”. A su vez, otros de los riesgos que mencionan es la fragmentación técnica de la apertura de internet y la promoción “de una visión cerrada de Internet”. El documento continúa: “la economía de Internet, antaño descentralizada, se ha concentrado mucho”, lo que implica un riesgo a la protección de datos… Y hasta ahí terminan los riesgos, sin mencionar el colonialismo digital, el profundo y pernicioso desequilibrio de capacidades entre las empresas (usualmente estadounidenses) y las responsabilidades en la vida pública en donde operan o las consecuencias y peligros de nuevas tecnologías asociadas a Internet, tal como el metaverso y la tecnología “crypto”.

Después de la enumeración de riesgos vienen una serie de compromisos y buenos deseos que se representan a través de adjetivos que varios de nosotros conocemos bastante bien, ya que crecimos escuchándolos y, hasta el momento, seguimos esperando que pasen, mientras presenciamos serias regresiones y modificaciones del Internet y el Ciberespacio que conocíamos. Es así como la declaración menciona su intención de mantener: “una Internet que pueda cumplir la promesa de conectar a la humanidad y ayudar a las sociedades y democracias a prosperar”. Aún cuando hemos visto la poca efectividad de tal auto regulación y anhelos.

A su vez, la declaración señala que el Internet debe estructurarse de manera unificada a nivel mundial y funcionar de manera descentralizada, gobernada bajo un modelo multipartito (en donde cada actor de la administración de Internet tiene un voto y, claro, los Estados con actores más poderosos y numerosos son los que llevan la voz dominante, como el caso de Estados Unidos y otros países europeos). En el documento se espera que este modelo genere una cooperación entre gobiernos, autoridades, el mundo académico, la sociedad civil, la comunidad técnica y las empresas privadas… Donde no sólo existe una desigualdad brutal a nivel numérico, sino también de capacidades humanas, lo que implica la profundización de desequilibrios y capacidades de poder.

Otra de las líneas de acción de esta iniciativa consiste en la defensa de la producción, uso y gobernanza de la tecnología bajo un entorno comercial “fiable, libre y justo” en donde se evite “la discriminación injusta entre los usuarios individuales” y se fomente la competencia leal y la innovación. Y por más bien que suene, estos ideales son poco funcionales y aplicables si los actores con más capacidades no son convocados y comprometidos a tomar acción: las empresas. No es un secreto para nadie que muchas de las grandes empresas tecnológicas tienen más capacidades que varios Estados y gobiernos, así como en el caso de empresas nacionales o Pymes, algunas de las cuales en caso de tener algo de éxito son compradas por las grandes empresas; entonces ¿de qué fiabilidad y competencia leal se habla? Si el sistema donde ocurre tiene una naturaleza bastante desigual.

Seguido de esto, en la Declaración llaman a una “mayor exposición a contenidos culturales y multilingües diversos, información y noticias en línea” con el objetivo de contribuir a un discurso público pluralista… En este punto llama la atención la coyuntura geopolítica en la que esta propuesta es hecha, dado que el conflicto Rusia-Ucrania ha puesto en evaluación los límites de tales declaraciones, en donde la pluralidad llegó a un punto de quiebre y todo discurso contrario es inmediatamente señalado como falso, sin siquiera someterlo a análisis o discusión porque simplemente los canales han sido bloqueados. Entonces ¿los gobiernos y los Estados estarán supeditados a los términos y condiciones que las grandes empresas y gobiernos extranjeros impongan, y con ello su concepto de libertad de expresión, diversidad y pluralismo? Sin contar con lo poco armónico que resulta el llamado a favorecer el pluralismo en entornos digitales que funcionan como cajas de eco, en donde lo único variado es la publicidad y las técnicas para mantenerla en pie.

Por último, la declaración tiene como interés “apoyar una economía digital global basada en normas que fomente el comercio y los mercados en línea contestables y justos para que las empresas y los empresarios puedan competir por sus méritos”. ¿Cómo puede convenir esto cuando hay grandes actores tecnológicos y otras empresas que se benefician directa o indirectamente de la estructura económico-político-militar de sus estados y las relaciones de cooperación que establecen con los gobiernos?, con Estados Unidos de nuevo como el mayor exponente. Entonces, ¿de qué méritos hablamos? ¿qué competencia igualitaria?

Básicamente la Declaración se trata de un trabajo y compromiso político diseñado para favorecer el mantenimiento de las condiciones y estructura que sustentan y han sustentado el internet y otros servicios del ciberespacio desde Occidente, el cual sobra recordar, es profundamente desigual, lo que beneficia desproporcionadamente a los actores que, curiosamente, no se sentaron a comprometerse en la declaración pero que manejan más del 80% de Internet y el Ciberespacio: Las empresas estadounidenses.

En conclusión, no hay que recordar que estamos viviendo un probable proceso de desprendimiento del Ciberespacio unitario y global (y sus servicios como Internet) a un Ciberespacio fragmentado entre Occidente y Oriente, principalmente representados por China y Estados Unidos, en donde pese a que públicamente Estados Unidos se manifiesta por un internet y un entorno único y compartido, ha emprendido una labor de cerramiento y corte a tecnologías y espacios digitales de países como China y Rusia, lo que podría acelerar el proceso de partición de Internet.

A mi parecer, México decidió no tomar parte en este posicionamiento político en materia tecnológica y por eso no firmó tal documento, lo que se suma a la negativa de prohibir el acceso al mercado de empresas como Huawei o Alibaba en el país, aunque esto apenas comienza, ya Estados Unidos está preparando otra herramienta geopolítica para generar un entorno tecnológico y legislativo acorde a sus necesidades para competir directamente con los planes de China y otros países como Rusia, Venezuela, El Salvador o Irán, así como contra la línea dura de protección de datos de la UE. En todo este proceso es necesario generar una negociación bien informada, más allá de la fuerte promoción y propaganda ideológica que acompaña el posicionamiento de tecnologías y sistemas tecnológicos de Estados Unidos, tal como ha sucedido en las últimas décadas.