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  • 28 Jun 2022
  • 14:06
  • SPR Informa 6 min

Exigen cárcel para directivos de Iberdrola en España

La Fiscalía Anticorrupción de España solicitó este 27 de junio a la Audiencia Nacional, condenar a dos años de prisión a cuatro directivos de Iberdrola debido a que se les acusa de manipular los precios de la energía eléctrica, además de pagar una multa de 84 millones de euros y asumir el pago de indemnizaciones a los afectados cuya suma asciende a los 107 millones de euros.

 

Mediante un escrito acusatorio prescrito por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada española al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, se concluyó que tras cuatro años de investigación a la multinacional encontraron que, a finales de 2013 Iberdrola Generación subió los precios de la electricidad sin causa justificada ni legitima, solo por obtener “el mayor precio en el mercado eléctrico”, lo cual afectó tanto a los consumidores como a los competidores.

 

“Iberdrola, con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda", menciona el documento.

 

Los resultados de las investigaciones recogidas por la policía encargada del caso señala que Ángel Chiarri Toscano, director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño Cobián, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún Jiménez, encargado de Gestión de Activos; y Javier Paradinas Zorrilla, a cargo de Mercados a Corto Plazo y Generación Global, son autores intelectuales de la operación fraudulenta que incrementó la tarifa eléctrica en España por lo que la fiscalía solicita dos años de prisión para ellos.

 

La operación realizada a finales de 2013 manipuló los precios en varios puntos del país, tomando como referencia el preció de producción de la energía de sus plantas de ciclo combinado (la más cara de producir) ubicadas en Duero, Sil y Tajo, lo cual desencadenó el aumento de más de 7 euros por megavatio, lo que representó una ganancia de 21 mil 222 millones 818 euros a la energética, por lo cual la fiscalía solicitó pagar como multa 84 mil 891 millones 272 euros.

Se espera que en próximos días el juez Ismael Moreno cite a los cuatro directivos a declarar en la Audiencia Nacional.