Esta mañana durante la conferencia matutina presidencial, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján expuso las razones que han llevado al Gobierno de México a presentar la reforma al Poder Judicial.
Alcalde Luján mencionó que se ha dicho que supuestamente hay un interés del Ejecutivo Federal por controlar al Poder Judicial, sin embargo, afirmó que eso es totalmente falso, ya que, si eso fuera cierto no se presentaría ninguna reforma, pues actualmente el presidente tiene la facultad de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Luisa María Alcalde detalló cómo funciona actualmente el método de selección de los ministros de la SCJN, en el cual el Ejecutivo Federal presenta una terna de candidatos al cargo, quienes para ser considerados como posibles ministros deben ser abogados, mayores de 35 años y tener 10 años de experiencia.
De esta forma el Senado de la República elige a uno de los tres aspirantes que propuso el presidente de la República a través del voto de voto de las dos terceras partes de los senadores.
La secretaria de Gobernación también explicó que en caso de que el Senado rechace la primera terna que presentó el Ejecutivo Federal puede volver a mandar una nueva terna, si en su caso la nueva terna vuelve a ser rechazada el presidente puede designar directamente al próximo o próxima ministra de la SCJN.
Alcalde Luján afirmó que de esta manera es el presidente quien puede seleccionar de manera directa a los integrantes del Pleno de la SCJN. Incluso señaló que sin la reforma la Poder Judicial que envió el presidente López Obrador, la próxima presidenta podría elegir a cuatro ministros de la Corte.
El primero sería para sustituir a Luis María Aguilar, quien concluye su periodo como ministro en diciembre de 2024. Luisa Alcalde señaló que con esto, la presidenta Claudia Sheinbaum ya contaría con el apoyo de cuatro ministros de la SCJN, "suponiendo que hay otros tres con la visión más progresista", lo que permitiría evitar cualquier suspensión de constitucional de cualquier ley.
Aunado a ellos, en 2026 termina el periodo de otro ministro, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con lo que se podría elegir a otro ministro.
También en 2027 saldrán Alfredo Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, lo que quiere decir que, a mitad de su sexenio Claudia Sheinbaum podría tener a la mayoría de los ministros de la Corte, o sea siete de once.
Alcalde destacó que si la intención fuera controlar a la SCJN solo se dejarían las cosas como están y no se haría ninguna reforma.
De esta manera la secretaria explicó que lo que se busca es que haya democracia al elegir a los jueces, ministros y magistrados, por lo que, se busca que sea el pueblo quien vote por los mejores perfiles para ocupar los cargos.
Alcalde Luján destacó que los vicios del Poder Judicial no solo permean en la SCJN, sino que permean todo el sistema judicial, por lo que la secretaria de Gobernación expuso el casos en los que los ministros, jueces y magistrados se han inmiscuido en temas que no les competían.
El primer caso fue el de la presidenta de la SCJN, Norma Piña, quien en diciembre de 2023 convocó a una cena privada meses antes de la elección presidencial de 2024. Se detalló a que dicha reunión acudieron: el presidente del PRI, Alejandro Moreno, al coordinador de la campaña electoral de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel; y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), pese a que la SCJN no tiene injerencia en temas electorales.
Otro caso presentado fue el de un juez de Distrito que le ordenó al TEPJF que designara a dos magistrados para que integrara dicho Tribunal, lo cual es inconstitucional, ya que los jueces no tienen injerencia en temas de carácter electoral. Se explicó que esto sucedió días después del 2 de junio para calificar la elección presidencial.
Y el tercer caso fue el de la ministra Norma Piña admitió un recurso presentado por el dirigente del PAN, Marko Cortés, para que la Corte pueda interpretar y definir los criterios de selección de los diputados plurinominales, pese a que es el TEPJF quien debe definir estos criterios.
La secretaria de Gobernación también expuso la compra y venta de exámenes al interior de la Escuela Judicial por la cantidad de 186 mil pesos.
Otro de los aspectos negativos del Poder Judicial que expuso la secretaria fue el nepotismo, el cual dijo está comprobado con datos del propio CJF revela que en 2022, 49% del personal que integra el Poder Judicial tiene al menos un familiar en el mismo Poder.
Asimismo Alcalde dijo que el 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares trabajando en el Poder Judicial.
"El 23.7% del personal del Poder Judicial tiene más de cuatro familiares trabajando en la institución. La persona que más acumula familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes trabajando en la misma institución. Incluyendo un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y diez oficiales.
La secretaria de Gobernación también expuso que otro de los problemas es que el Consejo de la Judicatura, el órgano que debería revisar el comportamiento de los jueces, ministros y magistrados, en caso de corrupción, nepotismo o de cualquier otra sanción, no actúa. Pues de 2004 a 2023 se han presentado 38 mil quejas contra funcionarios del Poder Judicial, las cuales el 86% se han desechado sin siquiera haber iniciado una investigación.
De las que si se investigaron, el CJF apenas sancionó a 472 jueces y magistrados en dicho periodo.
De esta manera Luisa Alcalde dijo que el CJF es un órgano que no es eficiente para vigilar el comportamiento de los jueces.
Incluso Alcalde Luján informó que desde el Poder Ejecutivo se han presentado 72 denuncias contra jueces y magistrados desde enero de 2023 a la fecha, de los cuales ninguno ha sido sancionado.
Asimismo Luisa María Alcalde destacó que ningún servidor público puede recibir remuneraciones por sus funciones mayores a las del presidente de la República, lo cual es 161 mil 538 pesos. Sin embargo, la secretaria de Gobernación señaló que los criterios de ministros de la SCJN han sido de resistencia a ese señalamiento constitucional al decir que en ellos no aplica, ya que, supuestamente los ministros que fueron elegidos en 2009 ya tenían un derecho adquirido, por lo que ellos argumentan que fue antes de la reforma donde se ordena dicho mandato.
Además, la secretaria agregó que los ministros que fueron elegidos después de 2009 han dicho que no puede haber discriminación salarial por lo cual no pueden ganar menos que los otros.
Sin embargo, Alcalde acusó que los magistrados reciben un salario mayor a 460 mil 783 pesos sin contar los gastos que reciben para comida, transporte, gasolina, telefonía y otras privilegios más, los cuales suman más de 700 mil pesos.