La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por el Gobierno de México en contra una reforma del Congreso de de Morelos, que impide que el fiscal Uriel “N” sea removido de su cargo hasta que no sea encontrado culpable de los delitos que se le imputan.
Durante sesión del Pleno el 14 de noviembre, la ministra Ortiz aceptó a trámite este recurso de controversia constitucional, promovido por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal.
El documento entregado al máximo órgano de impartición de justicia solicita que se declare la invalidez del decreto 1324 del Congreso de Morelos, en el que se adicionan disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.
Específicamente se adiciona un Numeral al artículo 150, donde especifican las razones para declarar una ausencia definitiva de los titulares de los órganos constitucionales autónomos (en este caso, el Fiscal del estado).
Se agregó el numeral 4, que podrá declararse dicha ausencia por por determinación firme e inacabable de un órgano jurisdiccional.
Es decir que, hasta que no haya una sentencia por alguno de los cuatro delitos que se le imputan al fiscal Uriel “N”, el Congreso no podrá declarar la ausencia definitiva del funcionario.
Esta modificación fue realizada el fin de semana del 4 de septiembre pasado, cuando el fiscal se encontraba detenido de forma preventiva en el Penal del Altiplano.
El criterio para solicitar su remoción es que la Ley Orgánica habría sido modificada para “blindar” a Uriel “N” ante los delitos que se le imputan por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Actualmente, el fiscal morelense se encuentra en libertad y realizando las funciones de su cargo gracias a los cuatro amparos otorgados por diferentes tribunales colegiados.