El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, presentó una iniciativa de reforma al Artículo 35 de la Constitución Política capitalina, con el fin de fortalecer y actualizar los principios de justicia que deben guiar la resolución de casos judiciales y garantizar el acceso a la justicia social para todos, especialmente para los grupos y personas en situación de desventaja.
Durante una conferencia de prensa celebrada este martes 16 de agosto en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Batres Guadarrama explicó que esta reforma surge a partir de una profunda reflexión impulsada por diversos sectores de la sociedad, quienes han demandado soluciones a la falta de justicia evidenciada tanto en el ámbito federal
como en el local.
En el Artículo 35 del Poder Judicial apartado A de la función judicial se propone agregar lo siguiente:
“Aunado a lo anterior, en la función jurisdiccional se observarán los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva. De tal manera que las formalidades no esenciales del procedimiento nunca estén por encima de la aplicación y los fines de la justicia social, a fin de que impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas de los derechos humanos, especialmente, de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de
pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social”, citó el jefe de Gobierno capitalino.
Con esta reforma se busca abordar los objetivos de la justicia desde una perspectiva social, reconociendo las desigualdades y promoviendo un sistema judicial más
equitativo y eficiente.
Batres Guadarrama ejemplificó la necesidad de esta reforma con dos casos recientes que, a su consideración, evidencian las fallas del sistema judicial actual.
El primer caso mencionado fue el de Fabián “N”, uno de los principales generadores de violencia en la
ciudad que, tras su detención el 2 de marzo de 2024, fue liberado semanas después por el juez federal Omar Paredes Gorostieta Femat, quien argumentó la falta de racionalidad, necesidad e ilegalidad en la aprehensión del detenido.
“¿Y la justicia? ¿Y las víctimas de esta persona? ¿Y el Programa de Recompensas que abrió la Fiscalía General de Justicia? Nada de eso contó para el juez, es más, aunque el propio Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el deber de denunciar, y dice que, quien en ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, a pesar de ello, este juez federal ordenó la libertad, la persona se encuentra prófuga en este momento”, mencionó.
El segundo ejemplo presentado por el Jefe de Gobierno fue el caso de un conductor en estado de ebriedad que, a alta velocidad, atropelló a tres trabajadores de limpieza en la carretera México-Cuernavaca. Según Batres Guadarrama, este incidente
demuestra cómo el sistema judicial actual ha fallado en ofrecer justicia efectiva a las víctimas.
“Dice el juez que los lesionados no eran peatones, sino trabajadores, por lo tanto, y considerando que podrían no haberse dado las condiciones de seguridad necesarias para realizar su trabajo, determinó la libertad del imputado. Es decir, después de un hecho en el que el conductor iba a alta velocidad, en estado de ebriedad y atropella a tres personas, se determina la libertad del imputado”, señaló.
La iniciativa de reforma será enviada al Congreso de la Ciudad de México el próximo martes 23 de julio, con el objetivo de ser incluida en la agenda de la próxima sesión extraordinaria del órgano legislativo. De ser aprobada, la reforma al Artículo 35 de la Constitución local sentará nuevas bases para el ejercicio de la
justicia, enfocadas a la resolución justa y accesible de los casos judiciales.